El Nuevo Fondo Nacional de Infraestructura

Erik Haindl

Se acaba de formar una nueva empresa estatal que pasó a ser propietaria de los flujos futuros que producirán las actuales concesiones viales. Se estima que el patrimonio de esta empresa es de US$ 9.000 millones, los que se utilizarían para promover y garantizar nuevas concesiones de infraestructura.

Esta medida ha sido ampliamente aplaudida por moros y cristianos, Pero: ¿Es esta realmente una buena idea? ¿Qué efectos macroeconómicos fiscales y sobre la inversión se puede esperar de esta medida? ¿No se podría haber logrado lo mismo con el actual Ministerio de Obras Públicas?

Las concesiones viales se remontan en Chile a la labor pionera del Ministro Carlos Hurtado con la concesión del Túnel El Melón en Septiembre de 1993, bajo el gobierno del ex Presidente Patricio Aylwin. Desde ahí en adelante se han definido concesiones para la mayor parte de la Carretera Panamericana (Ruta 5) y caminos transversales más importantes, así como también autopistas urbanas. Actualmente se encuentran concesionadas 1.995 kilómetros de la Ruta 5, 1.660 kilómetros de rutas transversales, así como 183 kilómetros de autopistas urbanas.

A costo de reposición, el valor de estos 3.838 kilómetros de infraestructura concesionada alcanza alrededor de US$ 16.860 millones. Sin embargo, como todavía no se vencen las concesiones, al descontar los flujos futuros y traducirlos a valor presente se obtienen alrededor de US$ 9.000 millones, valor que se está aportando a la nueva empresa pública.

En el futuro, a medida que las concesiones se fueran venciendo, los ingresos de esta infraestructura hubieran sido parte de los ingresos regulares del Ministerio de Obras Públicas. Con este ingenioso mecanismo se transfieren ingresos futuros del MOP, asociado a gobiernos futuros, a una empresa pública para que los pueda gastar hoy.

Macroeconómicamente esto es igual a emitir nueva deuda pública por 3,7 puntos porcentuales del PIB, y garantizarlo con los flujos futuros de las concesiones.

El Parlamento, que normalmente fiscaliza el uso que se da a estos recursos cuando se los gasta el MOP, puede ser by-paseado fácilmente con este mecanismo, ya que la empresa pública está haciendo uso de su patrimonio y no va a tener que justificar sus proyectos ante el Congreso.

El Ministerio de Desarrollo Social exige que los proyectos del MOP sigan un riguroso esquema de evaluación social, para obligar que estos recursos se gasten en forma rentable. Con seguridad, la nueva empresa pública se podrá saltar estas exigencias de tener que justificar sus proyectos ante el Ministerio. ¡No hay mecanismos que garanticen el buen uso de esos recursos!

Claramente se está gestado un problema futuro de proporciones sobre el MOP, que no podrá contar con los ingresos provenientes de las carreteras que hoy se encuentran concesionadas, una vez que terminen su concesión, lo que estaría generando un “hoyo” futuro sobre ese Ministerio.

En síntesis, no me parece que sea una buena idea poner

US$ 9.000 millones en manos de unos funcionarios públicos, quitándole estos recursos a futuros gobiernos, sacando del escrutinio del Parlamento la explicación de los proyectos de inversión que lleve a cabo la entidad, y eliminando de facto la exigencia de una rentabilidad social mínima a estos proyectos, de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Desarrollo Social.